Reforma Laboral: Mejora de los derechos de los trabajadores o retroceso histórico

Cada gobierno trae bajo el brazo una reforma laboral y una tributaria. La administración de Lenin Moreno no es la excepción, y, en concordancia, el ministro Raúl Ledesma -quien ejerce este cargo hasta la redacción de este texto el 19 de julio del 2018- ha impulsado un “paquete social”, que incluye, entre otras reformas, un nuevo código del trabajo.

Se trata de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo. Con esta actualización de la Ley en el marco del trabajo en Ecuador, el gobierno nacional le apuesta a la disminución de un indicador que resulta preocupante: un poco más del 44% de los trabajadores ecuatorianos se encuentran en el sector informal de la economía, según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos.

La explicación para esta cifra que tanto preocupa es que los empresarios no encuentran instrumentos de contratación eficaces para absorber una fuerza laboral dinámica e indispensable, pero que no está dispuesta a adaptarse a las actuales reglas del mercado laboral. En este sentido, podríamos pensar que las nuevas modalidades de contratos laborales, que propone la nueva ley, caerían como anillo al dedo para los jóvenes que recién se inician en el mercado laboral, en sectores como la construcción, el turismo, el agro, la ganadería, o, incluso, las actividades artísticas.

Pero la reforma laboral parece recorrer un camino de espinas. Las nuevas modalidades de contratación – siete en total-, que fueron anunciadas por el ministro Ledesma desde octubre del 2017, y que forman parte de la Política Nacional de Empleo presentada por el gobierno en enero de 2018, no han sido reglamentadas, a pesar de que, en ambas ocasiones, el gobierno se comprometió a tramitar, en un corto plazo, los decretos reglamentarios que hacen posible su implementación.

Las opiniones sobre las bondades o los perjuicios de la reforma laboral son muchas. Pero podríamos identificar claramente cuatro puntos de vista relevantes y diametralmente opuestos: los empresarios, los sindicatos, el gobierno y los trabajadores.

Precisamente en esta diferencia de opiniones, fundamenta el ministro Ledesma la tardanza en la expedición de los decretos reglamentarios que permitan la implementación en la práctica de las nuevas modalidades de contratación laboral.

“¿Para qué vamos a lanzar modalidades que no están debidamente consensuadas por los ecuatorianos y que no las van a utilizar?”, se pregunta el funcionario en medio de la polémica que ha generado la expedición del nuevo Código de Trabajo, a la vez que mantiene conversaciones urgentes con los sectores de la producción, trabajadores y sindicatos, tratando de lograr el consenso que él considera necesario para iniciar la etapa de implementación.

El ministro no tiene una tarea fácil entre sus manos. Muestra de ello son las declaraciones de Mesías Tatamuez, que, a la vez que cuestiona las razones que tiene el gobierno nacional para detener la implementación de las nuevas modalidades de contratación, afirma que la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, organización sindical que preside, considera en forma categórica que la reforma, en modo alguno promueve la flexibilización laboral y que por el contrario, se constituye en un retroceso histórico para los derechos de los trabajadores en Ecuador.

En representación de los empresarios, alzó su voz el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Patricio Alarcón, quien encuentra puntos de coincidencia con el proyecto del gobierno, pero descalifica la necesidad de crear contratos por sectores de la economía, apostando por uno general que recopile el espíritu de la ley.

En general, los representantes de sectores como el Hotelero, Bananero y Agricultor, consideran que la norma puede cumplir con los propósitos que persigue el gobierno, pero que, sin duda, es necesario alcanzar el consenso deseado por el ministro y adelantar una intensa labor de socialización de la norma antes de su implementación definitiva.

Al momento de cierre de esta nota, ya teníamos noticia acerca de la tercera demanda contra la Ley, presentada por el Parlamento Laboral en cabeza de sus dirigentes Fernando Ibarra y Jaime Arciniegas, quienes a la vez declaran que el diálogo con el gobierno se rompe debido a la falta de seriedad en las conversaciones.

El Frente Unitario de Trabajadores y la Unidad popular, habían presentado con anterioridad sendas demandas contra la reforma laboral. El ministro rechaza enfáticamente estas manifestaciones de inconformidad, mismas que atribuye a “intereses de la vieja dirigencia politiquera”, a la vez que defiende los nobles propósitos de la iniciativa al asegurar que no precariza ni flexibiliza el trabajo, sino que, por el contrario, como su título lo indica, promueve el trabajo juvenil y regula las jornadas excepcionales de trabajo.

Vendrán otras demandas. El gobierno, por medio de su ministro Ledesma, sostendrá reuniones, recaudará avales y apoyos, gestionará y, finalmente, implementará la reforma. Pasados algunos meses, las cifras nos dirán quién tiene la razón.